El blog de FOL de José Manuel Roca.- Según comunicado de prensa emitido por FETE-UGT, el Gobierno rompe el Acuerdo para la Función Pública (2010-2012).
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer en el Parlamento una serie de medidas encaminadas a reducir de forma adicional el déficit público en los años 2010 y 2011. Zapatero ha decidido poner en marcha además de una serie de rebajas sociales y en infraestructuras, una disminución del sueldo de los funcionarios, que será el colectivo más perjudicado junto con el de los pensionistas, como anuncia el propio Zapatero.
Entre las medidas se encuentra la reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011.
Se refiere a los funcionarios de carrera e interinos que pasan procesos de selección para acceder a sus puestos y, por tanto, a los funcionarios docentes que realizan cada día su labor educativa. En definitiva, Zapatero baja el sueldo a maestros y profesores. Queda por ver si se referirá también a los que acceden por libre designación o simpatía política. En este sentido el comunicado señala que estas medidas se han hecho públicas sin anunciar otras ejemplarizantes y de alto calado social, como podrían ser la rebaja del sueldo de los políticos o la reestructuración gubernamental. Incluso otras más importantes, como la reforma fiscal o el propio control financiero (cinco bancos españoles han obtenido 16 mil millones de euros de ganancias).
Los empleados públicos no son los causantes de la crisis económica, señala UGT en su comunicado, y sin embargo sí se les exige un gran esfuerzo para salir de la misma, contribuyendo con más de 5 mil millones de euros.
Estos nuevos planteamientos del Gobierno implican la ruptura de los acuerdos firmados entre administración y sindicatos en el ámbito de la Mesa de la Función Pública.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha señalado que en el ámbito de la Función Pública "es indiscutible que estas medidas son muy duras, pues suponen el incumplimiento de un acuerdo que está en vigor".
Este ataque a los intereses de los empleados públicos, y consiguientemente de los trabajadores de la enseñanza, merecerá una respuesta contundente por parte de la UGT, concluye el comunicado del sindicato
