Castilla-La Mancha. No cabe alegar motivos económicos para reducir el número de plazas ofertadas. ANPE pide 2.000 plazas en las oposiciones para docentes.

ANPE ha exigido una oferta de empleo público amplia que aumente el número de profesionales de la educación y genere empleo. El sindicato de educación ANPE en Castilla-La Mancha ha pedido que la oferta anunciada por la Administración sea de, al menos, 2.000 plazas. El sindicato ha señalado que las cifras que se barajan son insuficientes. 
Así ha calculado, según informa EFE, que sería necesaria una oferta de al menos 2.000 plazas para cubrir las necesidades de profesorado en la región y "evitar una nueva agresión a la calidad del sistema educativo castellanomanchego", porque "lo lógico y razonable" desde su punto de vista es que "si hay un anuncio de convocatoria de oposiciones, lo sea en la cuantía suficiente".
ANPE ha exigido también la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 que declara la obligación de las Administraciones Públicas de incluir todas las plazas vacantes cubiertas por interinos en la oferta de empleo público.
La sentencia argumenta también, tal y como ha indicado el sindicato, que no cabe alegar motivos económicos para reducir el número de plazas ofertadas, ya que estas están ya presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos.
Por tanto, ANPE ha considerado que si la Consejería de Educación sustrae plazas en las próximas oposiciones "actuaría ilegalmente" y atentaría, según su criterio, contra la Constitución, que recoge el derecho de acceso a los empleos públicos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.

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En verano supimos que se había producido una congelación de la oferta de empleo público. Pero esa congelación tiene excepciones. Así el Plan Presupuestario del Gobierno recoge el siguiente párrafo: Congelación de la oferta pública de empleo, con la excepción de las tasa de reposición del 10 por ciento para funcionarios docentes, plazas de hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal y laboral. En este contexto serán las CCAA las que se tendrán que pronunciar. Hasta ahora lo que tenemos es lo siguiente:
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